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Miami (Por: Antonio Maria Delgado/ El Nuevo Herald).- El empresario colombiano Alex Saab, quien es acusado por Estados Unidos de ser el testaferro de Nicolás Maduro, colaboró con la agencia antidroga DEA por espacio de un año, brindando testimonios como informante confidencial y cediendo fondos ilícitos como parte de un acuerdo para entregarse, según un documento de la fiscalía divulgado el miércoles.
El documento había sido mantenido en reserva bajo el argumento de que la información podría poner en peligro a la esposa de Saab, Camilla Fabri. Pero el juez federal Robert Scola del Distrito Sur de la Florida, al liberar el documento, informó que tomó esa decisión debido a que ella se ha rehusado a salir de Venezuela incluso cuando las autoridades estadounidenses le han ofrecido asistencia para hacerlo.
El documento indica que el empresario colombiano llevaba tiempo tratando de renunciar a los negocios que llevaba con el régimen de Maduro y había llegado a algún tipo de entendimiento con las autoridades estadounidenses antes de ser arrestado en Cabo Verde en junio del 2020.
“Saab Morán cooperó con agentes de la Agencia Antidroga DEA, suministró a la DEA información sobre su actividad criminal, cooperó proactivamente como fuente confidencial de la DEA y entregó dinero a Estados Unidos y a la DEA como parte de un acuerdo para entregarse a Estados Unidos para enfrentar los cargos por su conducta criminal”, señala el documento introducido por la fiscalía.
Parte de la información brindada por Saab incluye los sobornos que él pagó para sostener sus operaciones y detalles sobre los delitos que cometió.
La fiscalía introdujo el documento en febrero del 2021, en respuesta a los esfuerzos de la defensa en Estados Unidos por bloquear la solicitud de extradición de Saab, quien para esa época aún se encontraba bajo la custodia de Cabo Verde.
La información potencialmente explosiva podría poner en peligro a los familiares de Saab en Venezuela, había argumentado la defensa. Pero el juez consideró el miércoles que ese ya no es el caso.
“Estos asuntos se han mantenido sellados por casi un año y el acusado no ha podido mostrar ningún tipo de esfuerzo que haya sido realizado por su familia para salir de Venezuela, e incluso han fracasado en aceptar una oferta realizada por el gobierno de ayudarles a dejar a Venezuela”, dijo el juez Scola en su decisión.
Saab, quien fue extraditado a Miami desde Cabo Verde en octubre, es acusado por la Fiscalía Federal del Sur de la Florida de operar junto a su socio Álvaro Pulido un sistema de corrupción y lavado que les habría permitido sacar $350 millones de Venezuela a cuentas en el extranjero.
Scola programó el juicio de Saab para el 11 de octubre en una audiencia sostenida el miércoles que en parte estuvo cerrada para la prensa y al público. La fiscalía y la defensa de Saab discutieron principalmente el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado que se ventila en la corte federal de apelaciones en Atlanta, Georgia.
Saab estuvo presente en la audiencia celebrada de forma presencial con un traje de preso color beige, encadenado y con audífonos para escuchar la traducción.
Según el documento divulgado el miércoles, el empresario asistió a una serie de reuniones con agentes del FBI en Bogotá, donde suministró información sobre sus compañías que mantenían negocios con el régimen de Venezuela.
De la misma manera, Saab se reunió con agentes de la DEA en noviembre del 2017 acompañado por sus abogados, y en junio del 2018 presentó una propuesta de acuerdo en la que admitía haber pagado sobornos a las autoridades venezolanas para obtener los contratos, resalta el documento de la corte.
A finales de ese mismo mes, el empresario firmó un acuerdo con la DEA convirtiéndose formalmente en una fuente de la agencia. Como parte de sus labores de cooperación, Saab se comunicaba con agentes especiales por teléfono, mensaje de texto y mensajes de voz.
Saab se comprometió a devolver las utilidades que había obtenido ilícitamente en sus operaciones con Venezuela. Como parte de ello, Saab realizó cuatro transferencias entre agosto del 2018 y abril del 2019 a cuentas controladas por la DEA por montos cercanos a los $3 millones cada una.
Las autoridades también le notificaron a Saab que tenía hasta el 30 de mayo para entregarse, pero el empresario no lo hizo, lo que culminó con la suspensión de su estatus como informante.