/image%2F6692182%2F20230130%2Fob_620e06_img-20221229-wa0132.jpg)
/image%2F6692182%2F20211019%2Fob_ccb711_mes-cancer-mama.jpg)
Valencia (Especial).- El 14 de octubre de 2020 la CIDH en su Resolución 68/2020 otorgó medidas cautelares a favor de 12 mujeres que padecen cáncer de mama, por considerar que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” al no recibir la asistencia médica necesaria para sus tratamientos.
Hace un año que la CIDH exigió al Estado de Venezuela adoptar las medidas necesarias para proteger “el derecho a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias, mediante la adopción de las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, incluyendo los medicamentos necesarios prescritos por los profesionales de salud, así como los diagnósticos y exámenes para evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables y con la incorporación de una perspectiva de género.”
Hoy esta situación no ha cambiado, a las mujeres que padecen cáncer de mama se les continúa violando su derecho a la salud, el Estado venezolano no ha cumplido con lo exigido por la CIDH. En el marco jurídico venezolano en torno al derecho a la salud los venezolanos, la mujer venezolana debe tener acceso a diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.
El colapso generalizado de la red de centros asistenciales públicos con servicios oncológicos y la falta de capacidad adquisitiva que lleva a las mujeres que padecen esta enfermedad a enfrentar verdaderas tragedias. Según informe “Cáncer y Mujer 2021” emitido por Funcamama se estima que “en Venezuela la crisis del Sistema Sanitario Público afecta directamente a 8,9 millones de personas con condiciones crónicas de salud y uno de los grupos más vulnerables son las personas con cáncer quienes ven las capacidades de atención y servicios médicos oncológicos seriamente deteriorados y los coloca en un riesgo inminente de vulneración a sus derechos humanos, a la integridad física, a la salud y a la vida”.
En Venezuela la falta de mantenimiento de equipos ha traído como consecuencia el cierre de 22 unidades de radioterapia en los últimos 5 años, estas unidades estaban dispuestas para atender 31 tipos de cáncer, incluyendo cáncer de mama y cuello uterino. La principal razón de la falta de mantenimiento es el incumplimiento de los pagos del Ministerio del Poder Popular con la empresa encargada para tal fin.
Según la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no han garantizado quimioterapia a unas 140 mil personas con cáncer y las cirugías disminuyeron un 80%. Tampoco cuentan con mamógrafos, ecógrafos, resonadores, ni tomógrafos para realizar estudios de diagnóstico y seguimiento.
El acceso a tratamiento y medicamentos de personas con cáncer continúa dependiendo de la capacidad económica individual y un ciclo de quimioterapia puede costar alrededor de USD 2.000 y en Venezuela el salario mínimo es de USD 2,5 mensual.
El personal de salud también se ha visto afectado por los bajos salarios y las condiciones laborales adversas (falta de insumos, medicamentos), sumándole además la carencia de elementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia, lo que ha ocasionado un aumento en el éxodo y abstencionismo laboral. De igual manera la falta de oncólogos, mastólogos y médicos especialistas en el Sistema Sanitario Público ha obligado a los pacientes a recurrir a la atención privada donde las consultas rondan los USD 30, agravando aún más la situación de las mujeres que padecen esta enfermedad.
En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja por la que atraviesa el país, cabe destacar que las personas con cáncer no están entre las personas priorizadas en el Programa Humanitario ya que la atención se centra en condiciones de salud transmisibles, por la que las condiciones “no transmisibles” como el cáncer no son atendidas.
La realidad en Venezuela es que el derecho a la vida es violado sistemáticamente, al no contar con campañas de información adecuadas ni con el diagnóstico y tratamiento para los casos que lo requieran por parte del Gobierno Nacional. En Venezuela hay un patrón de vulneración del derecho a la salud de las mujeres con cáncer que afecta al menos 3 (disponibilidad, accesibilidad y calidad) de los estándares de este derecho de acuerdo a la Observación General N° 14 del CDESC de la ONU