Caracas (Prensa Ministerio Público).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que existe una campaña para presentar a los detenidos por la violencia post electoral como presos políticos.
En rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal indicó que este plan busca lavar la cara a los grupos terroristas que causaron muertos, heridos y graves daños a sedes de organismos públicos, vehículos y negocios particulares.
En este sentido, recordó que 28 personas fueron asesinadas en esos hechos, 195 personas resultaron heridas, entre ellas 98 civiles y 97 funcionarios policiales y militares, mientras que 486 bienes resultaron destruidos.
Resaltó que durante los últimos meses de este año no existe denuncia alguna que vincule a los cuerpos de seguridad del Estado con estos casos, por lo que afirmó que “fueron los grupos terroristas, previamente pagados, que no les importó matar a mansalva”.
Manifestó que Venezuela representa una tierra de ensayo para el desarrollo y la ejecución de todas las formas de guerra híbrida para buscar el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido.
Informó que el Ministerio Público, conjuntamente con los órganos auxiliares de justicia, ha realizado 1.104 diligencias de investigación para esclarecer estos hechos.
Igualmente, el titular de la acción penal indicó que la institución que lidera ha realizado 129 reconocimientos médicos a quienes permanecen privados de libertad.
También recordó que fue instalado el pasado 20 de noviembre el Comité por la Justicia de las Víctimas de Julio 2024, en el cual participan lesionados y familiares de los fallecidos.
Casos emblemáticos
El fiscal general presentó varios casos emblemáticos como el homicidio del sargento primero José Antonio Torres Blanca, de 26 años, del cual, agregó, ninguna organización no gubernamental u organismo internacional habla.
Explicó que este funcionario recibió un disparo en el cuello el 29 de julio a las 6:00 pm en un estacionamiento, ubicado en la avenida Bolívar de Maracay, estado Aragua.
Tras el hecho, inmediatamente fueron designadas las fiscalías 4a de Aragua y 34a nacional.
Igualmente, señaló que el equipo de expertos adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público se trasladó al sitio del suceso para realizar una serie de experticias y allí logró colectar un registro fílmico que permitió identificar a Reiner José Márquez Velásquez, quien se encontraba portando un arma de fuego en las adyacencias del homicidio, lo cual vinculado a las declaraciones testimoniales conseguidas acreditó su responsabilidad en la muerte del funcionario.
Con estos elementos de convicción recabados se solicitó orden de aprehensión contra el citado ciudadano, la cual fue materializada. “Él no es ningún preso político, es un asesino”, expresó Saab.
Por este hecho, añadió que se solicitó orden de aprehensión contra Jherwill Chemistel, quien se encuentra en fuga.
Otro de los casos citados por el titular de la acción penal es el referente a Mayauri Silva, de 49 años, ocurrido en Turmero, estado Aragua.
Recordó que esta ciudadana se desempeñaba como vocera de una UBCH (Unidad de Batalla Hugo Chávez) y además trabajaba en la Alcaldía del municipio Santiago Mariño del estado Aragua, quien fue interceptada el 3 de agosto en la noche por un joven que le disparó tres veces y luego huyó en una moto con la ayuda de otros dos hombres.
Explicó que después de realizar entrevistas a testigos, inspección técnica, levantamiento planimétrico y trayectoria balística en el lugar de los hechos, la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal determinó que estos 3 sujetos actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez.
“Mayaury se oponía a sus acciones y por eso aprovechó para mandar a asesinarla en medio de la campaña de instigación al odio contra sectores progubernamentales y en medio de la confusión posterior al 28 de julio”, aseguró Saab.
Refirió que este caso fue llevado por las fiscalías 22a de Aragua y 34a nacional.
Explicó que además de Venancio Martínez fueron detenidos Raifer Eduardo Seija (autor material) y Josley de Lourdes Ramírez (cooperadora), mientras que Johan Enrique Rodríguez tiene orden de aprehensión, y un quinto involucrado fue abatido al enfrentarse a una comisión policial.
Ataque a radio comunitaria
Durante su exposición, la máxima autoridad del Ministerio Público refirió el caso del asalto violento a la casa del Psuv y sede de la radio comunitaria Venceremos, ubicada en Carora, estado Lara.
Expresó que un grupo de los comanditos violentos arremetieron el 29 de julio, con armas y objetos contundentes, contra la sede de esta radio, robaron equipos y causaron graves heridas a Raúl Castejón y Danny Pereira, que se encontraban en ella.
Preciso que por estos hechos fueron detenidas 14 personas y han sido solicitadas 19 órdenes de aprehensión que se encuentran por materializar.
Destacó que para el momento de su aprehensión en flagrancia a los detenidos les fueron incautadas bombas molotov, botellas contentivas de combustible y armas blancas
Puntualizó que todos los involucrados han sido acusados por los delitos de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, detentación de objetos incendiarios y lesiones.
Enfatizó que quienes casi asesinaron a Raúl Castejón y Danny Pereira no son presos políticos, sino criminales.
Transbarca
Finalmente, el alto funcionario del Ministerio Público precisó que por la violencia postelectoral casi 500 bienes inmuebles fueron destruidos, entre ellos transporte público, ambulancias, escuelas, liceos, sedes públicas, ambulatorios, etc.
En este sentido, habló del caso del ataque al sistema Transbarca del estado Lara, en cual el 29 de julio un grupo de violentos ingresó al estacionamiento de este Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto, en la Avenida Florencio Jiménez, de donde robaron una grúa la cual atravesaron en la vía y procedieron a incendiarla.
Agregó que al presentarse en el sitio una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, los sujetos arremetieron de forma violenta contra los funcionarios.
Indicó que en esta oportunidad fueron detenidos cuatro adultos y tres adolescentes, a quienes se les incautaron bombas molotov, botellas contentivas con combustible y yesqueros.
Los adultos fueron identificados como Yarcanel López, José Sánchez, Luis Sivira y Danny Marrufo, quienes fueron acusados por los delitos de: terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y detentación de objetos incendiarios.
Expuso que entre los elementos de convicción se han procesado unos 300 videos, los cuales han sido sometidos a experticias por el Ministerio Público por medio de la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal y las fiscalías correspondientes.
Igualmente, han participado la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos, la Dirección General contra Delitos Comunes, la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, la Dirección General de Protección a la Familia y los diferentes equipos del Ministerio Público para avanzar en la consecución de justicia, describió el fiscal general.