Fiscal Tarek William Saab anunció nuevas órdenes de aprehensión contra 4 involucrados en la muerte de Orlando Figuera

Caracas (Prensa Ministerio Público).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas presuntamente vinculadas en el homicidio de Orlando Figuera durante las protestas violentas ocurridas en la Plaza Altamira de Caracas en el año 2017.

Desde la sede del órgano garante de la legalidad en el país, el titular de la acción penal refirió que las órdenes de aprehensión fueron pedidas en contra de Ángel Daniel Sucre Cova, Kleiver José Hernández, Yuber Enrique Rodríguez Villa y Elio Enrique Carrasquel Azócar.

En tal sentido, Saab reiteró que la muerte de Figuera ocurrió “en medio de los embriones de guerra civil que fueron las llamadas guarimbas del año 2017; cuando transitando de manera pacífica por Altamira, fue divisado por un grupo de criminales asesinos disfrazados de manifestantes. Recordemos que la gran mayoría de esas manifestaciones callejeras, con contadísimas excepciones, fueron de carácter violento”.

Agregó que el Jefe de Estado solicitó a España reactivar el proceso de extradición de Enzo Franchini; que fue frenado por un recurso solicitado ante la justicia española ante el supuesto riesgo de que los derechos humanos de Franchini estuviesen en riesgo.

Como parte de los esfuerzos del Ministerio Público para reimpulsar la causa, también se designó a la Fiscalía 61ª Nacional, tras la revisión exhaustiva de la causa determinó que previo al ataque que sufrió Figuera éste había tenido problemas con los nuevos solicitados.

Impunidad institucional

A su vez, el fiscal general cuestionó la labor del Ministerio Público durante las protestas y la impunidad promovida por su antecesora en el cargo: “En ese período más bien se auspició la quema de Orlando Figuera. Ustedes lo saben, no solo la quema; sino la impunidad absoluta en esos cuatro meses donde ningún violento fue procesado”.

Solicitud de extradición

La orden de aprehensión en contra de Enzo Franchini fue acordada en 2017; y tras los procesos correspondientes se materializó en España durante el 2019, mientras que la Sala Penal de la Audiencia Nacional española aprobó en 2020 la extradición de Franchini hacia Venezuela.

“Esto fue una gran victoria, en ese momento, del Ministerio Público y del sistema de justicia venezolano, porque se logró demostrar que efectivamente Franchini era responsable del asesinato de Orlando Figuera”, comentó Saab.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal y la defensa de Franchini ejercieron en septiembre de 2020 un recurso de súplica que derivó en la revocatoria de la decisión inicial. El argumento esgrimido en ese momento fue que, al tratarse de un opositor al gobierno, sus derechos humanos podían ser violados en territorio venezolano.

“Vean cómo se instrumentaliza el tema de los derechos humanos a conveniencia. Siempre lo he denunciado, toda la vida, porque es algo que manejo como la palma de mi mano (…) Pregunto yo, ¿entonces no tiene derechos humanos una persona humilde, sencilla; por tener un color de piel oscura o por vestir una franela roja?”, cuestionó el alto funcionario.

También señaló Saab que “¿Entonces usted puede acribillar, quemar vivo a quien quiera y le van a dar impunidad, una patente de corso; un escudo para que usted huya de un país y simple y llanamente viva un exilio dorado?”.

Cooperación y justicia

Por último, el también presidente del Consejo Moral Republicano hizo un llamado a que se escuchen las peticiones de Venezuela para que se haga justicia en el caso de Orlando Figuera: “Esperamos que haya un momento de conciencia y reflexión, tanto de las autoridades políticas del Reino de España como de sus autoridades judiciales; que entiendan que esto no puede olvidarse”.

Fiscalía de Chile mostró poco interés en aportes

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, cuestionó la falta de reciprocidad por parte de la Fiscalía de Chile para colaborar en el esclarecimiento de la muerte de Ronald Ojeda, exteniente del Ejército; quien fue secuestrado y asesinado en esa nación.

Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal señaló el poco interés mostrado por las autoridades chilenas ante la visita de una comisión de dos directores del Ministerio Público venezolano que fueron enviados a recabar información.

“Al no brindarnos acceso al expediente, ni permitirnos conversar con el fiscal de caso; la Fiscalía de Chile demostró poco interés en los aportes que pueda brindar nuestra institución para esclarecer los hechos y dar con los involucrados”, consideró Saab.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Saab señaló que no se cumplieron con las peticiones hechas por el órgano garante de la legalidad en el país; a pesar de que se había notificado con anterioridad la llegada del director general de Delitos Comunes y del Director de Asuntos Internacionales a esa nación.

“Nos comunicamos el jueves 23 de mayo con el fiscal nacional, Ángel Valencia Vázquez, informando de esta visita y de sus intenciones. Asimismo, le enviamos una carta ratificando nuestro interés en coadyuvar al esclarecimiento del homicidio”.

Por ello, desde el Ministerio Público se solicitó por escrito que su comisión sostuviese una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez; el fiscal a cargo de la causa; el abogado de la familia de Ojeda; los investigadores que tienen asignado el caso en la Policía de Investigaciones; los familiares de la víctima y el único detenido al caso.

“Venezuela es el más interesado en que se esclarezca totalmente este hecho. Nuestros directores ratificaron ante sus homólogos chilenos la disposición de cooperar. Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite; pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia Penal Internacional sea respondida”.

Contrario a las solicitudes del órgano garante de la legalidad en el país, los representantes de la institución fueron recibidos apenas por el Director de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional de Chile, “quien literalmente actuó al estilo de una canción de una famosa artista; sordo ciego y mudo. No dijo nada”, agregó Saab.

Tales hechos, opinó el también presidente del Consejo Moral Republicano; no corresponden con la respuesta ejemplar que se ha dado desde el Ministerio Público de Venezuela, que “ha respondido más de 80 solicitudes de cooperación interinstitucional y cartas rogatorias proveniente de la Fiscalía de Chile”.

Uso político del caso

A su vez, el fiscal general de la República cuestionó la utilización política que recibe el caso; así destacó distintas preguntas que aún no tienen respuesta por parte de las autoridades chilenas: “¿Por qué Ojeda, que estaba en Chile en condición de refugiado, salía del país, por pasos ilegales?”.

“¿Por qué uno de los sospechosos tiene numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido?”, manifestó Saab. También señaló las declaraciones del fiscal Barros, con afirmaciones y desmentidos que llevaron al Gobierno de ese país a emitir información imprecisa.

Añadió: “¿Por qué Chile a través de sus canales oficiales, policiales o de la Fiscalía no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos, que dicen ellos, estarían en Venezuela? Es como tirar la piedra y esconder la mano”, expresó Saab.

También rechazó el manejo comunicacional del caso, del que se conocen muchos detalles a pesar de la reserva legal que debiese pesar sobre las investigaciones.

Teoría

Desde el punto de vista del fiscal general, y en función de lo ocurrido entre las autoridades de ambos países, Saab presentó una tesis de los ocurrido: “Consideramos que el homicidio Ojeda se trata de una operación de falsa bandera, una operación que tenía como objetivo enturbiar la relación entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento”.

Al respecto, el alto funcionario recordó que “minutos después de haber ocurrido el secuestro Ojeda, se pronunció un prófugo de la justicia venezolana desde Miami para imponer una matriz de quiénes serían los autores del secuestro. En esta operación pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

Para concluir, decidió terminar con las especulaciones en medios de comunicación chilenos sobre la extradición de los involucrados: “De tratarse de ciudadanos venezolanos, es completamente imposible por tratarse de una prohibición constitucional. (…) Así que, de ser detenidos en Venezuela, serán juzgados acá con base en la evidencia recabada por la Fiscalía de Chile, que por cierto; vuelvo y repito no entregó absolutamente nada”, sentenció Saab.