Fedeve propone una reforma para integrar la Inteligencia Artificial en las facultades de Derecho de Venezuela

Caracas (Especial).-  La Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve), bajo el liderazgo de su presidente, Gabriel Andrés Molina, ha hecho un llamado a las autoridades académicas y legislativas para iniciar una transformación profunda en los planes de estudio de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esta iniciativa propone la integración obligatoria del derecho tecnológico, los marcos regulatorios de la Inteligencia Artificial (IA) y la propiedad intelectual digital como pilares fundamentales para garantizar la competitividad y vigencia del abogado venezolano en el mercado global.

Para el activista por los DDHH. Gabriel Andrés Molina, considera que "las universidades más modernas del mundo han dejado de formar abogados bajo esquemas puramente tradicionales para convertirlos en expertos en gobernanza algorítmica y protección de activos intangibles. El estándar global actual exige profesionales que no solo dominen los procesos judiciales convencionales, sino que también comprendan la influencia de la inteligencia artificial en la configuración de delitos informáticos y las nuevas vulneraciones a la propiedad intelectual".

En este sentido, el líder estudiantil subrayó que la tecnología debe ser percibida como un aliado estratégico para la eficiencia judicial y no como una amenaza de sustitución. La inteligencia artificial y las herramientas digitales se perfilan como elementos clave para generar peritajes de alta precisión y actuar como recolectores de información crítica en la conformación de expedientes.

Según el vocero de Fedeve, es imperativo que la academia abandone cualquier resistencia y adopte un trato amistoso con la tecnología, permitiendo transitar hacia una justicia más cercana, equitativa y plenamente auditable.

En el contexto de las actuales reformas legislativas en el país, esta actualización curricular se presenta como un paso necesario para asegurar que el diseño de nuevos marcos regulatorios proteja los derechos ciudadanos y brinde seguridad jurídica en la economía digital. La formación especializada servirá además como un límite efectivo a la discrecionalidad administrativa, permitiendo que la modernización de los procesos públicos sea transparente y verificable para toda la sociedad.

Asimismo, la propuesta aborda la urgencia de estrechar el vínculo entre la formación académica y el ejercicio profesional moderno. El planteamiento busca que la inserción de los egresados en entes del Estado y firmas del sector privado sea fluida, reconociendo que la práctica legal contemporánea se extiende a la resolución de conflictos en entornos digitales y a la asesoría en cumplimiento normativo tecnológico a escala internacional.

Gabriel Andrés Molina concluyó señalando que "el abogado debe ser un facilitador de soluciones y un motor de desarrollo nacional. Al fomentar el estudio de la IA y la propiedad intelectual adaptada a los nuevos tiempos, se asegura que los futuros profesionales cuenten con las competencias necesarias para liderar la vanguardia legal en Venezuela y la región, impulsando el progreso y la estabilidad jurídica en toda la nación".