Albany Colmenares y Nikoll Arteaga reciben libertad plena tras 200 días de detención considerada injusta

Valencia (Especial).- En el marco de la reciente aplicación de la Ley de Amnistía, los dirigentes políticos del partido Vente Venezuela en el estado Carabobo, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, fueron notificados oficialmente de su libertad plena.

Ambos dirigentes cumplieron 200 días de detención arbitraria antes de este anuncio.

Tras haber sido excarcelados previamente bajo medidas restrictivas, que incluían presentaciones quincenales ante tribunales y prohibición de salida del país, el sistema judicial notificó hoy el cese definitivo de dichas limitaciones. Sin embargo, lo que debería ser un paso hacia la justicia fue recibido con cautela y críticas por parte de los afectados. Un proceso opaco y discrecional

A pesar de la notificación, Colmenares y Arteaga señalaron que este proceso dista de ser una verdadera reparación para quienes han sido perseguidos por motivos políticos.

Albany Colmenares denunció la falta de transparencia en la ejecución de los beneficios legales: "La amnistía se está aplicando bajo un proceso sumamente engorroso y discrecional. No existe una ruta clara que facilite el tránsito a la libertad de las víctimas. Por el contrario, parece diseñada para mantener la incertidumbre hasta el último momento", afirmó Colmenares.

Deuda con la reparación integral Por su parte, Nikoll Arteaga calificó la ley de "insuficiente" al no abordar el daño integral causado. El dirigente enfatizó que el Estado no contempla un resarcimiento por la afectación moral y física tras los 200 días de prisión, ni ha dado respuesta sobre la devolución de bienes privados incautados al momento de las detenciones.

Asimismo, Arteaga alertó sobre la vigencia de instrumentos punitivos. "Mientras existan herramientas como la 'Ley contra el Odio', la no repetición de estos eventos no está garantizada", agregó.

Exigencia de garantías democráticas

Los dirigentes enfatizaron que la libertad de movimiento no equivale a la restitución total de sus derechos.

Concluyeron que para una verdadera democratización debe cesar el uso de leyes diseñadas para criminalizar la disidencia, garantizando que el ejercicio político pueda realizarse sin temor a nuevas represalias.