/image%2F6692182%2F20230130%2Fob_620e06_img-20221229-wa0132.jpg)
/image%2F6692182%2F20241001%2Fob_0de72f_2469056-n.jpg)
Caracas (CNN Español).- El Ministerio Público de Venezuela pidió ampliar, este lunes 30 de septiembre, una orden de aprehensión a varios ministros, jueces, fiscales y diputados argentinos por haber retenido un avión de la estatal venezolana Emtrasur y haber ordenado la captura del presidente Nicolás Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en el marco de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad.
En un mensaje emitido en cadena nacional, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que las solicitudes de aprehensión se basan en presunto robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. En la práctica, las autoridades venezolanas no tienen facultad alguna para detener a ningún ciudadano extranjero fuera del territorio.
Uno de los señalados, el ministro de Seguridad de Buenos Aires y presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Waldo Wolff, reaccionó en su cuenta de X a la solicitud y la calificó del “halago más grande que recibí en mi vida dedicada a la defensa de la democracia".
El juez federal Federico Villena, también mencionado por Saab y quien autorizó la incautación del avión, dijo a CNN, que "los jueces debemos estar preparados para tolerar todo tipo de presiones y sobreponernos a todo tipo de ataques de poderes políticos, económicos, etcétera, internos y externos. Es parte de nuestra función. Sin perjuicio de ello, es realmente preocupante el ataque al Poder Judicial argentino por parte del Estado venezolano".
Añadió que "la independencia de la justicia es una bandera que, toda la Argentina en particular y Latinoamérica en general, deben defender a ultranza y en cualquier escenario, porque una justicia independiente es la base de toda república moderna y es quien garantiza la libertad de los pueblos".
Por su parte, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia rechazó las órdenes de captura emitidas, y calificó que dicha medida carece de toda legitimidad.
El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la semana pasada órdenes de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ese momento, la Cancillería de Argentina criticó en un comunicado las acusaciones de la Fiscalía y dijo que el envío del avión a EE.UU. fue un caso resuelto por el Poder Judicial, no por el Gobierno (Manuel Cobela y Federico Jofre colaboraron con este reporte).-
Con “Alerta Roja Internacional”
Este lunes 29 de septiembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la ampliación de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios argentinos involucrados en el robo de un avión de la aerolínea venezolana Emtrasur y el secuestro de su tripulación, hechos ocurridos en el año 2022.
Durante la rueda de prensa, Saab señaló a los funcionarios argentinos Gerardo Milman, Federico Villena, Cecilia Incardona, Carlos Vallefín y Roberto Arias, quienes enfrentan graves acusaciones que incluyen robo agravado, legitimación de capital, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
Asimismo, enfatizó la seriedad de las imputaciones, reveló que las órdenes de aprehensión se encuentran acompañadas de una Alerta Roja Internacional emitida por Interpol. Además, subrayó que se están gestionando órdenes de captura contra otros funcionarios argentinos, tales como Ricardo López, Yamil Santoro, María Eugenia Talerico, Leonardo Caser, Diego Iglesias y Franco Rinaldi.
A su vez, recordó que estas nuevas órdenes se suman a las ya anunciadas contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su secretaria general Karina Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También, señaló al presidente del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Waldo Wolff, como parte de los implicados en el caso.
En consecuencia, el fiscal general criticó la postura del Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, acusándolo de mantener una política de doble rasero. Saab argumentó que mientras el Gobierno argentino guarda silencio ante lo que califica de genocidio del pueblo palestino por parte de Israel, demuestra una activa postura enjuiciadora en relación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Toda acción debe ser acorde a la justicia, sin hipocresías ni dobles estándares”, finalizó Saab, haciendo hincapié en que las acciones legales emprendidas reflejan un firme compromiso en la lucha contra la impunidad y la defensa de la soberanía nacional.