Abogados de Venezuela reiteraron denuncias en el MP contra juez de Carabobo

Valencia (Especial).-  Representantes del Frente Nacional de Abogado de Venezuela (FNAV), Funda Presos y Movimiento Gremial reiteraron,  ante el Ministerio Público, las denuncias contra el juez cuarto de Primera Instancia  del estado Carabobo, José Alberto Morillo Torrellas, por presuntas irregularidades en los procedimientos de administración de justicia en el caso del decomiso de 90 toneladas de urea.

El presidente del FNAV, Noé Mujica, explicó que acudieron al Ministerio Público a exigir que se inicie una investigación contra el mencionado magistrado por presuntamente haber incurrido en delitos contra la corrupción, y violado la Ley Orgánica contra las Drogas, al no dar respuesta por la desaparición de las 90 toneladas de ureas que forman parte de la pruebas del expediente 2022400315.

“El juez Morillo Torrellas pertenece a la cadena de custodia de la urea decomisada que inexplicable desapareció. Sin embargo,  se niega informarnos a  los jurista que conformamos la defensa, dónde se encuentran esas pruebas que forman el expediente en cuestión”,  indico.

Por su parte, Moisés Mujica, presidente de Funda Presos, quien también integra la defensa del caso, detalló que acudieron al despacho del juez cuarto de juicio a solicitar una copia certificada de la causa; pero según el abogado la petición fue negada por el titular de ese tribunal, incurriendo así en obstrucción a la justicia y retardo procesal.

“Fuimos agredidos a empujones por el propio Juez Morillo y nos amenazó con abrirnos una investigación por forjamiento de expediente si insistíamos con solicitar las copias certificadas del expediente. Hacemos un llamado al presidente del Circuito Judicial del estado Carabobo para que se pronuncie entorno a estas graves irregularidades”, enfatizó

Asimismo, el presidente del FNAV insistió que el fiscal superior de Carabobo se debe fijar posición acerca de las denuncias consignadas contra la jueza  Melisa D’Sousa, por negación y obstrucción a la justicia en la misma causa.

Entre tanto, acotó que la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Magistratura tienen conocimiento acerca de las supuestas alteraciones que se registran  en el caso del decomiso de 90 toneladas de urea, por lo que exigen una respuesta de esos organismos acerca de esas presuntas irregularidades que registra la administración de justicia en Carabobo, durante el proceso administrativo que se realiza por caso del decomiso de en el caso, amprados en los artículos 186, 187, 188 Código Orgánico  Penal, que garantiza al procesado un juicio sin alteraciones de hechos y evidencias, fallas en la que supuestamente ha incurrido la jueza De Sousa en el caso del decomiso de noventa toneladas de Urea.  

“Por ese caso,  se abrió el expediente número  2022400315, el cual presenta una serie de irregularidades, entre ellas la orden de privativa de libertad contra Mileidy Rodríguez emitida en la audiencia preliminar sin haber sido imputada ante el Ministerio Publico, acusada junto a Èlvido Gutiérrez, Juan Carlos Cedeño, y Francisco Javier Carpio por presunto tráfico ilegal de urea”, detalló Mujica.

Asimismo, dijo que  la audiencia preliminar no fue firmada por el juez, ni por el secretario del tribunal, ni el alguacil lo cual implica que el  proceso estaría  lleno de vicios y todo lo actuado en la causa sería jurídicamente nulo.

Sostuvo que la jueza emitió 4 boletas de excarcelación por un sobreseimiento sin auto motivado y que no existe en el expediente, medida que beneficio sin justificación legal a otras personas que también estaban detenidas por este caso.

Moisés Mujica,  presidente de Funda Presos, y quien forma parte del equipo de defensa de los procesados por el caso en cuestión, añadió que en plena etapa de investigación la jueza de primera instancia,  entregó,  sin ningún acto oficial,  la urea incautada dejando sin evidencia a los imputados, violando la tutela judicial y el debido derecho a la defensa

Considera que si el Ministerio Público y Tribunal de Control acordaron entregar  evidencias,  porque no hay ningún tipo de ilicitud,  sus defendidos  deberían estar en libertad. Sin embargo,  llevan 8 meses recluidos en el sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Los Guayos.

 “Pedimos al fiscal  general que se investigue a la jueza Melissa De Soussa por extravío y entrega de evidencias en perjuicio de personas que ilegítimamente están privadas de libertad por el decomiso de noventa toneladas de urea. Así como al fiscal 27 con competencia  nacional que insiste  en llevar una causa viciada”, acotó Moisés Mujica.