Frente Nacional de Abogados no acepta medida del TSJ por cercenar labores de la defensa privada

Frente Nacional de Abogados  no acepta medida del TSJ por cercenar labores de la defensa privada

Valencia (Por: Luis González Manrique/ Fotos: Luis González Manrique).- Este martes 14 de marzo, los representantes de las distintas organizaciones del Frente de Abogados de Carabobo, rechazaron que los defensores públicos pretendan imponerse en los juicios por encima de los abogados en ejercicio privado, en los distintos tribunales de la república, luego de la medida emanada del Tribunal Supremo de Justicio.

Al respecto, el jurista Moisés Mujica (Fundapresos) manifestó el rechazó contundente del referido Frente Nacional de Abogados, integrado por diversas organizaciones, “la forma discrecional como a través del artículo 121 de la Ley del TSJ, se pretende crear temor a los abogados litigantes nivel nacional”.

Se trata de una resolución, emanada de marzo de 2023, la cual considera “pretende cercenar el derecho establecido en el artículo 49.8 de la Constitución Nacional, causando daños a la sociedad civil por parte de autoridades que parten justicia en Venezuela”.

“Se pretende evadir con la resolución las responsabilidades civiles, penales que tiene n los jueces y quienes imparten justicia en el país. De igual manera, se busca evadir el artículo 30 de la Carta Magna, el cual establece la responsabilidad del Estado venezolano por daños y lesiones a cualquier ciudadano”, expuso.

Además de apuntar se trata de una decisión lesiva contra el Estado De Derecho por parte del TSJ,  Mujica califica que “son perseguibles”, siendo así que aseguró que “le tienen terror”, más cuando señaló el cordón de efectivos policiales que se dispuso frente al Palacio de Justicia de Valencia, a sabiendas que los abofados del Frente de Abogados de Carabobo rechazarían la medida con la entrega de un documento.

“Hacemos un llamado a la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, y al presidente del Circuito Penal de Carabobo, para no nos intimiden  con este tipo de acciones. Nosotros vamos a actual de frente en el marco de la ley y el Derecho. Estamos dispuestos a enfrentar estas arbitrariedades”, resaltó.

Mujica aseveró que “no se pueden hacer uso de los recursos como operadores de justicia, días a día,  cuando ejercemos nuestro derecho por nuestros patrocinados”, basándose en el artículo 256 de la Carta Magna. “Estamos dispuestos a sentarnos en mesas de trabajo para discutir las graves arbitrariedades en el sistema de justicia en el país.

“Llevaremos esto hasta las instancias que sea, incluyendo las internacionales, para hacer valer el debido derecho al proceso para los ajusticiados”, mencionó, a la vez que no dejó de lado que se les quita la potestad del libre derecho a la profesión como abogados litigantes.

Arbitrariedad a nivel nacional y Plan Cayapa

“Tenemos hacer énfasis que van con el objetivo cercenar el derecho al libre ejercicio de la profesión el derecho al trabajo, y lo decimos con toda fundamentación. Tenemos que evitar se impida la  Comisión de Estado para Revolución y de Justicia. Le llaman Metología de Abordaje”.

Así expuso Ramón Carmona, quien destacó se trata de “un Plan Cayapa   que es el reconocimiento de un conocimiento tácito del fracaso del Poder Judicial tiene con respecto a brindar una justicia efectiva  y oportuna. Este Plan Cayaca se supone viene corregir el retardo procesal, en el cumplimiento de las audiencias, tanto de presentación como preliminares, y los fiscales del Ministerio Público en cuanto a la asistencia a las audiencias”.

“Este Plan Cayapa es un reconocimiento al fracaso de las actividades del Poder Judicial. Queremos que además de ser el que reconocer que existe este Plan Cayapa, sin dar una respuesta clara al procesado, también deja claro que cercena el derecho al libre derecho de la profesión y al trabajo del abogado”, aseveró.

Carmona resaltó que el mismo punto once del Plan Cayapa señala que no habrá participación de la defensa privada, “Esto es en virtud de hacer acto de justicia social que ordena el Presidente de la República (Nicolás Maduro). Esta es una violación grave del artículo 41 de la Constitución Nacional con respecto a lo que es el debido proceso y el derecho a la defensa: Igualmente, el artículo 49, ordinal cuarto, en que refiere que el Estado debe garantizarle a los procesados su juez natural y su jurisdicción”, explicó.

En cuanto a este Plan Cayapa, Carmona aclaró que es importante tener presente que “este no da una respuesta, es un fracaso, y es un supuesto plan judicial en que no sólo obliga al procesado se le nombre un defensor público, sino que además obliga a los procesado, en un 80%, admitir los hechos. Esto cercena el derecho a la defensa del justiciable o el procesado”.

A la vez, Carmona denunció la “politización” del Plan Cayapa, lo cual estima se da al darse el nombramiento de un diputado por estado, pertenecientes al partido de gobierno (Psuv), para que coordinen el mismo.

“Ante esto, hacemos el llamado que no haya más persecución a los abogados en ejercicio, a la vez que no se nos eliminen los espacios pata los abogados en ejercicio. Vamos a estar atentos para que el Poder Judicial entienda que los abogados en ejercicio, de acuerdo a lo que establece el artículo 253 de la Constitución Nacional, no se nos puede cohibir, no sólo el derecho a defensa de nuestros representados, sino el derecho al trabajo”, expuso.

El Plan Cayapa contiene doce puntos establecidos por el Poder Judicial que se considera fuera de la Carta Magna, a la vez que se traen jueces de otros estados, “violándose el derecho a ser juzgados por un juez natural de la jurisdicción”.

“Esto lo hace el Poder Judicial en conjunto con el Ministerio Público,. Los trasladados son principalmente de Caracas y no está previsto en el artículo 249 de la Constitución Nacional. Esto también” demuestra que no están en capacidad para cubrir las plazas de jueces”, dijo.

Ante esto, Carmona señaló que “estamos viviendo el secuestro del Poder Judicial, Estamos viendo que el Gobierno nacional practica una justicia acomodaticia, a su conveniencia; mientras se encuentra en una permanente persecución, sin despolitizarse el Poder Judicial”.

Frenar avisos de administradores de justicia

El Frente Nacional de Abogados, que reúne a las distintas organizaciones que practican el ejercicio libre de la profesión, también hizo un llamado a las demás organizaciones para que se incorporen a esta acción para “frenar los abusos de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia”

Con respecto a este tema, Noé Mujica amplió que esto tiene que ver con el retardo procesal en los diferentes expedientes tribunalicios, responsabilizando a los jueces que se dé esta situación. Debemos señalar que en la materia que hay mayor retardo procesal, que se traduce en violación flagrante de los artículos 29 y 46 constitucionales, es con relación a la violencia de género”.

Mujica señaló que se documentarán todos estos retardos procesales para ejercer una reclamación ante las instancias correspondientes. Además, con relación a los abogados  en libre ejercicio, considera que sin la participación de los mismos, destacó que están siendo afectados los procesados o justiciables.

“Nuestro llamado es que sea tomado en cuenta nuestro llamado, porque vamos en un franco deterioro de la administración de justicia, lo cual afecta gravemente el Estado de Derecho en Venezuela”, dijo.

En el documento entregado se hizo un nuevo exhorto del Frente de Abogados de Carabobo por “las reiteradas operaciones a las que han sido sometidos los operadores de justicia. En nuestro caso como abogados en libre ejercicio”.

“Debe hacerse énfasis en los expedientes que tienen excesivo retardo procesal, incluyendo que no hay autonomía en quienes les corresponde decidir. Los jueces tienen que tomar al presidente del circuito judicial para que autoricen determinas decisiones. Esta es una grave violación al Estado Derecho”, aseveró para culminar.

En estos momentos, el Frente de Abogados de Carabobo está agotando todas las vías internas para corregir esta situación que se considera no es garantía de la justicia en Venezuela, para posiblemente dirigirse a instancias internacionales.