Cable operadoras consideran recurso de amparo ante el TSJ por “desproporción y vicio” en aumento del alquiler de postes

Valencia (Por: Luis González Manrique/ Fotos: Blog Informativo @ValenciaHoy).- Este pasado jueves 11 de marzo, los representantes legales de 40 cable – operadoras en Venezuela, durante rueda de prensa, advirtieron sobre el posible cierre de estas y otras similares en Venezuela, si el Tribunal Supremo de Justicia no considera un recurso de amparo interpuesto, para el uso de los postes.

Lesly Arias, Héctor Chipre, Bebelyn Muccia y Minerva Brizuela, en representación del escritorio jurídico que lleva esta causa, se hicieron presentes frente a los representantes de medios, para destacar que esta acción de amparo busca no ir para favorecer a las cable – operadoras, sino a los usuarios, reflexionando que se trata de una lesión colectiva, sin dejar por fuera las consecuencias legales que traería esta situación..

Al respecto, Arias expuso que “esta acción judicial, se tuvo que tomar a los efectos que se dé un resultado como es que se llegue a un consenso, basado en los derechos constitucionales, para que la empresa EDC Network (Arrendamiento VGT), encargada del alquiler de los postes pertenecientes a Corpoelec, considere el pago del alquiler de los mismos, tras un aumento desproporcionado en los alquileres y/o arrendamientos”.

Por estos postes, se conoció que pasan diversas conexiones de Internet y conexión por cable en todo el territorio venezolano.  “Nuestros clientes no se están negando a pagar. No obstante un aumento desproporcionado hace imposible que el consumidor final pueda pagar el aumento de las tarifas que se genera por las nuevos precios del alquiler de los postes en Venezuela”.

La jurista no sólo advirtió que esta circunstancia reduzca el número de usuarios de las cable – operadoras, sino el mismo acceso a la información y a las redes, entre otros servicios que van a la par de esta tecnología, en el país.

“Las empresas medianas y pequeñas que prestan el servicio de televisión por suscripción en lugares donde hay poca densidad, se les hace totalmente imposible pagar este aumento del 900%. EDC asevera que el aumento es orden del presidente de la empresa; mientras que este ejecutivo afirmó que es una disposición que proviene de Corpoelec. Corpoelec resalta que es un mandato de la careta ministerial a la cual está suscrita”, expuso.

Los juristas, además de anunciar este recurso de amparo, esperan que sea Corpoelec y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, tomen en cuenta que se debe discurrir sobre este aumento que estiman “desproporcionado” para el uso de los postes en Venezuela.

“Este es un contrato que está viciado en todos los aspectos. Se identifican como filial de Corpoelec para este aumento de alquileres, y esto deben demostrarlo con una resolución ministerial. Corpoelec presenta a EDC como empresa privada en comandita, la cual simplemente está encargada de administrar los postes”, aseveró.

Mesa técnica consensual para nuevas tarifas

“Estamos esperando la respuesta del recurso de amparo, ya sea total o parcialmente, para que se llegue, como establece la ley, en la cual deben sentarse ambas partes, consensualmente, para establecer por qué es la nueva tarifa, incluyendo las condiciones en que se basa el aumento desmesurado de las tarifas que nos va a dejar incomunicado a todos”.

Así lo apuntó Lesly Arias, quien insistió en la situación país difícil que podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, al igual que a los usuarios “El acceso a las telecomunicaciones, no es un lujo hoy día. Es una necesidad”, añadió.

La abogada explicó que dicho recurso de amparo se introduce como un derecho, a la vez que se mantiene confianza en la institucionalidad para favorecer al colectivo venezolano. “Sencillamente,  no se ataca a nadie, sino que se le solicita al TSJ que suspenda con una medida precautelaría este aumento, porque se están perjudicando los derechos de la colectividad. Con este aumento hay una lesión colectiva. El colectivo es todo el pueblo venezolano, el cual podría quedar incomunicado, si esto no llega a un feliz término”, puntualizó.

En la actualidad, más de 163 cableo operadoras a nivel nacional se estarían viendo perjudicadas por este aumento de los postes. A partir del pasado octubre 2022, se notificó que si dichas cable operadoras no se ponían al día con el aumento desde el  3 de febrero del presente año (2023) con el aumento de 0, 10 centavos a 1 dólar, más IVA, quedarían sin servicio de concesión de uso de los postes.

“Además, incluye que se está cobrando por elementos. Es decir, si se coloca una caja o un tendido de fibra, es un elemento más que se debe cancelar al precio de un dólar por cada uno. Entonces no es sólo un dólar de aumento por alquiler, sino que se suman los otros elementos”, dijo.

Por otra parte, refirió que EDC, con o sin concesión, “procede a desmantelar o sean suspendidos los equipos de las cable – operadoras, a pesar que la ley ampare a las empresas. A la par del recurso, se introdujo un escrito legal que el Ministerio Público considere estos “actos vandálicos”.

Los desmantelamientos, después de identificarse como filial de Corpoelec, EDC lo ha efectuado en grúas de esta empresa pública, como afirmó la jurista. “El desmantelamiento lo hace EDC con las grúas de Corpoelec. Esto está consignado como prueba en el Ministerio Público”.

“Aunado a esto, se ha hecho el llamado a la Comisión de Telecomunicaciones de la Asamblea Nacional, que se pronunció por solicitar a las cable – operadoras el porqué de los aumentos. Me parece maravilloso que se explique ante Conatel y el poder popular que todo viene del aumento desproporcional de EDC; además que se pagan diversos tributos, sin dejar por fuera las compras de señales. Todo esto les asfixia por todas parte.”, expuso.

También destacó la necesidad de que se ponga fin a las conexiones ilegales en los postes, muchas veces amparadas por policías comunales, según sus palabras; al mismo tiempo que estas conexiones también involucran densidad de población. “No es lo mismo que esté en lugar un poste que permita sacar 40 o 50 conexiones para los abonados, que se vaya a un lugar en que se deben utilizar 4 postes por lo menos para una sola plaza”, aclaró.

Por el bien de las empresas y los suscriptores

Al tomar la palabra el abogado Héctor Chipre para tratar otros aspectos de este mismo tema del aumento del alquiler de los postes, insistió que se representa a toda la sociedad venezolana, y no solo a los operadores del servicio por cable, para así obtener “a través del amparo constitucional, no se violen los derechos de las empresas, sino  de quienes son suscriptores”.

“Este aumento desmesurado buscamos se suspenda que se suspenda a través de una audiencia en la Sala Constitucional del TSJ, para que se suspenda el aumento desmesurado del alquiler de los postes , a la par que se busque llegar a un consenso con la empresa EDC  y Corpoelec”, mencionó.

Chipre calificó de “ilegal” el contrato que EDC puso en vigencia, debido a que “no tiene consenso con las cable operadoras”, debido a que estas últimas considera “imposible el pagar estas tarifas que hasta perjudican  los derechos de lis venezolanos”.

“Este contrato de EDC tiene un defecto de forma, y no se deben lesionar los derechos. Ni siquiera se conoce de qué manera la empresa EDC es administradora de los postes, a la vez que no se conoce si existe otra firma que posea el servicio a cargo”, informó.

Chipre recalcó que EDC le concretó las decisiones al ministerio, al igual que insistió que debe buscarse solución a “un daño de orden público” con la mayor prontitud posible.

Ambos juristas coincidieron en destacar que existen posibilidades de quiebra de las cableo operadoras, si asumen este contrato, no tanto por las mismas, sino por el aumento que no podrá ser sustentado económicamente por los abonados a lo largo y ancho del territorio venezolano.

Se dio a conocer las posibles consecuencias jurídicas del recurso de amparo de resultar favorable, debido que deberá restituírsele los pagos a cada una de las empresas cable operadoras, si favorece la medida. Por eso, se  llama haya la oportunidad de la mesa técnica, y se mantenga la tarifa de alquiler de 0, 10 centavos de dólar hasta que haya un arreglo entre las partes, llevándose a aumentos consensuados como establece la Ley de Telecomunicaciones.

Este recurso se introdujo el 25 de enero del 2023 para la nulidad precautelar del contrato por falta de elementos y para que no se causen daños al colectivo venezolano, a través de una medida cautelar. El resultado final se espera en la mesa técnica. En estos momentos, los juristas representan a 43 cableo – operadoras del país, pero se han ido adhiriendo otras más de las 163 existentes en Venezuela.